Puebla y la desesperanza.

ftraconis@gmail.com
24.05.2010

La Puebla de la esperanza, el México de leyes y justicia social, eran los legados que los poblanos y mexicanos que dieron su vida en la Independencia y la Revolución Mexicana, quisieron forjar para las generaciones siguientes a las luchas. Sí, la de nuestros padres, de nosotros y de nuestros hijos.

En México existen diversidad de leyes como resultante de los preceptos plasmados en la Carta Magna, su gran problema, la aplicación. Aun con las herramientas legales que se han generado y las que están por generarse por nuestros flamantes legisladores, la gente se pregunta, ¿para que tanto brinco sí el suelo es tan plano?, ¿para que hacer más y más normativas al vapor, si aun no se cumple con lo que demanda esencialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?.

Es desesperante y desalentador pensar que cada tres años (congresos locales) y cada seis años (Congreso de la Unión), transitan cientos de “legisladores” dirigidos por los diversos partidos políticos, y en contubernio con el poder judicial y el ejecutivo. Los mexicanos continuamos sin tener seguridad; seguridad social; seguridad en la impartición de justicia; desarrollo social, humano y cultural; y lo más grave, ¡PAZ SOCIAL!; objetivos por los que se lucharon y se dio la vida en nuestras epopeyas históricas.

Los tres poderes han olvidado los principios constitucionales en su quehacer político y público, sí, la de los constituyentes y el mandato del pueblo. Se vuelven asumiendo el cargo, personajes endiosados, interesados en su quehacer político privado y en su mayoría, herramientas sumisas y manejables de los grupos de poder, olvidándose de quienes los pusieron y les pagan, ¡la ciudadania!.

Ejemplo de lo señalado lo vemos en el pasado ejercicio de la legislatura nacional, tan sólo se aprobó una iniciativa importante, la “Ley de Seguridad Nacional”, quedando en el cajón del archivero, importantísimas y diferentes propuestas como el de la reforma política, la laboral y la fiscal. La iniciativa de Seguridad Nacional, queda exclusivamente en manos de los poderes locales (legislatura o el ejecutivo del estado) y según considere, en la entidad se definirá sí está o no en condiciones de garantizar la estabilidad, la paz y el orden público. En su caso, podrá presentar la solicitud de intervención de las fuerzas federales al sistema nacional de seguridad pública; los ayuntamientos locales, a su vez, podrán también solicitarlo por conducto de la legislatura local o del mismo ejecutivo del estado.

En el barrio ya se manifiesta la inquietud por las evidencias que se manifiestan cotidianamente en los medios de comunicación masiva, “en el gobierno, en el poder judicial, en las policías estatales y municipales, se ha introducido y son cooptados por el crimen organizado”, dejando en duda la participación del gobernador, presidente municipal o cabildo en turno, cuando estuviera (n) coludido (s) con un grupo o cártel de mafia, es decir, ¿utilizarán las fuerzas federales para golpear a un cártel y proteger a su afín?... ó tan sólo, ¿negaran su existencia?.

De ahí también la importancia que reviste el reflexionar el para qué sirven algunos operativos policiales estatales o municipales, así como su función. Como dijeran en el barrio, ¿para cuidar el orden y descuidar el desorden?, ¿para cuidar y velar por los intereses de los grupos de poder o cuidar y proteger a la ciudadanía?... Pero sobre todo, cuan contradictorias son a veces las posiciones del Estado y los municipios, ¿Ejemplo?... “La Comuna dio a conocer mediante un comunicado de prensa que "la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con la 25 Zona Militar realizarán recorridos y patrullajes en diversas zonas de la capital, con el propósito de mantener los índices de seguridad y el ambiente de paz social"… “El secretario de gobernación, Valentín Meneses Rojas, se pronunció en contra de que el ejército mexicano se incorpore a las labores de seguridad pública mediante la implementación de patrullajes en la ciudad de Puebla en horarios y recorrido que marque la XXV zona militar”… (Fuente: Milenio/Guadalupe Gálvez. 22/05/2010)… ¿??¡?¡¡ … Si la ciudadanía desea más seguridad y paz social, ¿Cuál ofrecimiento oferta más?.

En cuanto a lo señalado y vinculándonos sobre el tema de actualidad, ¡LOS PLEBISCITOS 2010!, no obstante la Ley vinculante y las instituciones electorales, los “Comicios Termómetro” a nivel nacional (Mérida y Yucatán), según cuentan algunos medios de comunicación y la gente, “incidieron en todas las premisas señaladas”, la violencia estalló en un buen número de municipios del interior de la entidad; hubo grupos intimidatorios, amenazas, violencia verbal y en varios casos la física, secuestro de funcionarios de casillas y boletas (¡no obstante estar presente la policía!)… ¿Elecciones de Estado?.

En Mérida comentan que la operación fue quirúrgica en secciones electorales predeterminadas por el análisis y la proyección; hubo presiones según la intensidad o ausencia de personas en las casillas, se agandallaron en las cuentas de votos, denuncian violaciones a la ley por parte de algunas brigadas y asistentes del Instituto Estatal Electoral y hasta de la propia titular del ejecutivo Ortega Pacheco (cuenta la gente que llegó a votar con un medallón propagandístico del PRI), entre otras más que prevalecen en la alerta y malestar del partido de oposición (PAN), que destacan en su conjunto, la posibilidad de una elección de Estado… No hay lugar a dudas, estas aseveraciones se deberán dilucidar en el IPEPAC, el IFE y el TRIFE.

En estado de preocupación los poblanos, sobre todo lo que sucede y como sucede en las campañas implementadas para los cargos de elección popular y los comicios del 4 de julio próximo, si se habla del Congreso local y IEE, instituciones que deberían ser más que imparciales por “ser y estar al servicio del pueblo”, ya se comenta que el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó las violaciones en las cuales el Congreso poblanos incurrió en contra del abogado Germán López Brun, quien espera para junio, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo restituya como magistrado del Tribunal Electoral del Estado y resuelva sobre la responsabilidad de los activos principales, sí, los “diputados priistas” Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo…

¡A cuidarse compadres! dicen en el barrio, porque a todo santo le llega su fiestecita.

La incertidumbre ciudadana resalta también que en las campañas electoreras en Puebla, las descalificaciones y mentiras a través de la iniciada “guerra sucia”, lo único que está sacando para intranquilidad de la gente, es el proceder de las dos últimas administraciones de gobierno que han dirigido su vida y el destino del Estado, así como el contubernio con el ya famoso Rey de la mezclilla, robo en Finanzas y, los sonados “hoyos financieros de millones de pesos” (1,500 Melquiades Morales y apenas 2,500 Mario Marín)… ¿Alguien se ofrece a meter las manos al fuego?... ¡Yo, no!.

La perplejidad de la ciudadanía se da igualmente con las actuaciones del Consejo General IEE y en lo universal del Instituto Electoral del Estado, que reiteradamente esta dando cumplimiento a resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado, caso ejemplo el municipio de Chichiquila (expediente TEEP-A-025/2010), con lo cual se reafirman las pésimas actuaciones ¿o amañadas?, que terminan en veces y diferentes formas, con el denominado “Usted Disculpe”…

¡Basta!, la ciudadanía quiere respeto en el marco de las elecciones del 4 de julio de 2010. Lo contrario puede significar el rechazo para el 2012, el descrédito o desconfianza de estas instituciones, ó en general, de los procesos electorales en particular.

“Solo se tiran piedras, contra el árbol que da frutos”… Proverbio Arabe.