Después de 200 años de lucha por la Independencia y 100 de la Revolución mexicana, l@s mexicanos siguen siendo marginados por “la justicia que imparten sus gobernantes”.
La situación económica por la que atraviesa el país, el contubernio entre el poder ejecutivo, legislativo, algunos gobernadores y la sumisión e ineficiencia administrativa de las dependencias de gobierno involucradas en lo referente al manejo financiero, inversión, productividad, empleo y pensiones, son los traidores de la ciudadanía y los culpables más grande del siglo XXI, por la tragedia del desempleo que sufren los jóvenes y las peripecias que tienen que pasar para solventar su vida cotidiana las personas de la tercera edad y los pensionados a nivel federal y estatal.
Los candidatos a ocupar puestos públicos a través de los plebiscitos 2010-2011, tienen la obligación de empezar un dialogo local y de impacto nacional con la ciudadanía, para efecto de que en campaña, sepan y precisen que hacer en las materias, cuando lleguen a los cargos correspondientes. De principio tendrán que poner atención a la Legislación Federal y estatal del Trabajo, sus normativas secundarias y a los tratados internacionales que en materia laboral ha signado México, y que demandan por sobre todo, proteger al trabajador sin distingo de raza, sexo, religión, y en general sin distinción alguna.
Ejemplo de ello es Puebla, que ante la recesión económica y conforme a las estadísticas del INEGI (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) se revela que en 2008 hubo un incremento de desempleados del 12.6% (más de 11 mil poblanos), y que tras haberse comprometido el gobernador Mario Marín Torres a generar 60 mil fuentes de empleo en 2009, la realidad fue otra. Los desempleados aumentaron en 17,396 personas. En contraparte, en el periodo 2008-2009, crecieron de 553 mil a 608 mil los ciudadanos que trabajan por cuenta propia, producto de la falta de oportunidades en la entidad. Una prueba fehaciente de la ineficiencia del poder ejecutivo y el Programa Estatal de Apoyo a la Alimentación y al Empleo. El resultado en corto, “Total fracaso”.
La desesperanza en México, día con día se ve incrementada y se finca en la falta de opciones de empleo para los 900 mil jóvenes que se incorporan cada año al mercado de trabajo en el país. El retiro laboral sigue siendo un dolor de cabeza por la falta o distorsión de criterios administrativos, la constante violación constitucional y la aplicación indebida de nuevas herramientas legislativas, que dificultan hacer prevalecer el derecho a tener una jubilación digna.
De igual forma la desazón y la desconfianza es creada entre los mexicanos trabajadores, por la desmedida avaricia de los sistemas de ahorro, público y privado, que mantienen a la ciudadanía batallando con infinidad de juicios por “fallas técnicas legales” (21 Afore que operan en el estado, se niegan a pagar a los jubilados), y por el contubernio gubernamental y legislativo que buscan evitar a toda costa el pago, que de hecho han provocado y tirado por tierra, toda la planeación que a través del tiempo (1980-2010), los trabajadores hicieron conforme a lo que las Leyes señalaban (IMSS, ISSSTE, etc.), y que administrativamente les permitía obtener un retiro tranquilo con lo ahorrado durante su vida laboral. El resultado en corto, “Total fracaso”.
Lo alarmante, es que la desconfianza hacia los sistemas de ahorro y/o las Afores, creció sobre todo, cuando se hizo público por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que con el actual sistema de pensiones, una tercera parte de las aportaciones que se hicieron por los trabajadores, se habían perdido a consecuencia de las inversiones que estas administradoras realizaron, y que a finales de 2008, equivalía a más de 30 mil millones de pesos, por lo que ahora, al trabajador no le quedaba otra que demandar e incluso recurrir a embargos para recuperar los recursos depositados en las administradoras de fondos de retiro.
La otra triste realidad de la desazón. Caso ejemplo nacional. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no tiene ni justifica claridad sobre el uso y destino de los miles de millones de pesos que los trabajadores federales han aportado bajo el régimen de cuentas individuales, que en el 2009 ascendían a 52.67 mil millones de pesos, así como sobre el tipo de inversión al que se está canalizando el monto millonario que es administrado a través de Pensionissste (manejado a través de BANSEFI). Asimismo la desesperanza se refuerza con el contenido de la nueva Ley emitida por el mismo Instituto, que ha generado casi 2 millones de amparos presentados a la SCJN en el 2009.
Contrariando a la Carta Magna. Los trabajadores federales, actualmente se encuentran indefensos gracias a las disposiciones emitidas por la SCJN, por la Dirección General del ISSSTE y por el contubernio gubernamental que ha cedido a la voracidad de las Afores, que en los últimos doce años han administrado más de 270 mil millones de pesos.
Los fondos de ahorro de los trabajadores han sido pulverizados por las políticas económicas del gobierno federal y el negociazo que ha resultado para las Afores administrar los miles de millones de pesos obtenidos de las subcuentas del Infonavit y Fovisssste. De igual forma, se observa el contubernio y malversación de fondos en el concepto “Sistema de Ahorro para el Retiro” (legislación 1992) que representa más del 17% del ahorro de los asalariados.
Esta situación se agrava más, porque el ISSSTE contrario a su objetivo y obligación constitucional, bajo argucias fomentadas desde la Dirección cúpula nacional, pensiona al trabajador con el salario mínimo (sueldo presupuestal) y no así como lo marca la Ley de 1988 (Sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación garantizada), y en el caso IMSS, quien también paga la pensión mínima (menos dedos Mil pesos), obligando a los trabajadores que sustentaron su futuro en las pensiones, a llevar un tortuoso litigio para intentar recuperar ¡su dinero!, que en ocasiones lleva hasta cinco años.
El colmo del derecho y la justicia laboral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contraposición a lo señalado por las leyes vigentes en 1988-2003 (ISSSTE-IMSS), determinó que los recursos de la sub cuenta de vivienda no se pueden devolver a los trabajadores porque equivaldría “doble pensión”… ¿Qué seguirá de este contubernio?.
La gente trabajadora en trámite de pensión o pensionados se preguntan.
¿Si así estaba escrito en las Leyes, si así NO se promocionaba el futuro de los trabajadores de antaño, y conforme a las disposiciones vigentes, los trabajadores aportaron sus cuotas correspondientes, que situación o que maquiavélica intensión se persigue en la máxima Casa de la Justicia Mexicana y el gobierno?...
¿Las nuevas leyes y los ulteriores gobernantes les darán el mismo atole con el dedo a la actual fuerza laboral del país, en el futuro?...
¿Por qué las instituciones garantes de los preceptos constitucionales y el derecho laboral nacional e internacional (Secretaria del Trabajo y Previsión Social, CONDUCEF, IFAI, gobiernos de los Estados, entre otras), continúan perjudicando a quien dio su vida por alcanzar una pensión digna y calidad de vida en su vejez, siguen permitiendo que los sistemas de ahorro público y privado continúen robando el dinero bien ganado por el pueblo?...
En corto, “las Afores más demandadas jurídicamente”: Afore XXI, BANSEFI, Bancomer, Santander, Banamex e ING...
Por Fausto Traconis Ramos
ftraconis@gmail.com
16.02.2010
Por Fausto Traconis Ramos
ftraconis@gmail.com
16.02.2010
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