SRNM y el 2010, bajo incapacidad y corrupción para administrar ambientalmente Puebla.
La falta de capacidad de sus dirigentes, los intereses personales y las corruptela con las élites de poder han sido la base en lo que va de la administración, para colocar sus prioridades muy por encima de “la garantía de los poblanos para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades, y sobre todo, del aprovechamiento racional de la riqueza natural del Estado”.
El Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), es un programa de carácter público y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Se encuentra fundamentado en el artículo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bajo este marco, la SEMARNAT lo opera, con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad institucional de la gestión ambiental del Estado de Puebla teniendo como fin último, el promover una gestión ambiental descentralizada eficaz y eficiente, que propicie la toma de decisiones donde se generan los problemas y las oportunidades, y fortalezca la gobernabilidad en la entidad y sus municipios.
El titular del ejecutivo del Gobierno del Estado y la SRNM son los responsables directos de la ejecución del PDIA y de los procesos de licitación y contratación para los proyectos aprobados, así como de la vigilancia de su observancia, utilizando procedimientos apegados a la normatividad federal vigente en la materia, pero como ha sido costumbre en la administración marinista, no obstante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la SRNM “administrada” por Francisco Castillo Montemayor, se persiste en mantener muy poca información a la ciudadanía y casi nula su disposición en la institución, ¿la causa?, la apatía cotidiana de cumplir con los programas institucionales, sobre todo el Programa de la Calidad del Aire, del cual ya se ha comentado que se encuentra inmerso en la corrupción interna y dirigido por los grupos de poder asociados a los centros de verificación vehicular; así como los referentes a principios y valores de la sustentabilidad, eficiencia del uso del agua en la agricultura, trabajos de remediación en sitios contaminados del Estado (caso crítico el relleno de Chiltepec), entre otros “no convenientes a publicitar” por la institución.
Mientras que en el ámbito federal se pugna por avanzar en la integralidad de los trámites, servicios y autorizaciones de proyectos en materia ambiental, la SRNM ha ubicado a Puebla en los últimos 5 lugares a nivel nacional de cumplimiento en la materia, no obstante que su deber es “garantizar que los poblanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del Estado” y “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los ciudadanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural de la entidad.
Lo que la gente cuenta. La SEMARNAT en su Informe Final de las Capacidades y Fortalecimiento Institucionales de las Dependencias Estatales (PDIA 2007-2012), e Índice General de Aprovechamiento de Subsidios (IGAS 2006 al 2008), ha hecho obvio el descenso del Estado de Puebla en cuanto a su participación por la sustentabilidad ambiental estatal (del 7° -2005- al último lugar nacional -2008-). Los ambientalista tajantemente indican que Puebla vive en un estado de emergencia ambiental no sólo en materia de deforestación, sino también de control de residuos sólidos urbanos, de peligrosos de ámbito y control estatal, así como del agua.
El Consejo Estatal de Ecología (CEE), descalificado por la SRNM para calificar su actuación, desde hace un año está advirtiendo el grave rezago de la gestión ambiental en la entidad, atribuyéndolo a la falta de trabajo de la SMRN, lo cual es hoy confirmado por la SEMARNAT, quien manifiesta el significativo atraso en indicadores diversos de la gestión ambiental.
Para Castillo Montemayor y su séquito, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, la Ley Ambiental y su normativa vinculante, y el Programa de Desarrollo del Estado de Puebla, con su peculiar estilo –no es poblano- le (s) vale una y dos con sal. El gran debate se tendrá cuando se lleve a cabo la intervención del Gobernador Mario Marín Torres en su quinto informe de gobierno. ¿Imagina cuales resultados y aseveraciones se confirmaran? (si hay verdad), ó ¿creé que se hará relucir la presunción del rezago documentado por la SMRN?. En las reuniones de trabajo del Consejo Estatal de Ecología (CEE) no entregó ninguna evidencia escrita y mucho menos asistió a alguna durante el año, no obstante sus obligaciones como funcionario público que es.
Pero ¿claro!, si para ello a nivel estatal están la SEMARNAT, la CNA y la PROFEPA, quienes agilizan, simplifican y hacen transparentes sus trámites para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y sobre todo, ¡ellos si tienen información referente al estado y su problemática resuelta!... ¡esos ya son avances estatales y ambientales!... ¿o no?.
Lo veremos en el quinto informe de gobierno... ¿O no?..
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